Condiciones previas al inicio de las negociaciones
No
se iniciarán las conversaciones si no se cumplen los siguientes
puntos:
Juan
Manuel Pérez Hernández y Milagros Caballero Carbonell deben ser
puestos en libertad.
Junto
a Kuadra, Hierro y Brotóns deben permanecer en la misma cárcel los
siguientes presos y presas: José
María Sánchez Casas, José Balmón Castell, Juan García Martín,
Joaquín Garrido González, Elvira Diéguez Silveira, Carmen López
Anguita, Alicia Artímez Alvarez, y Eva Alonso Arce.
El
resto de hombres encarcelados deben reagruparse en un máximo de tres
prisiones. Las mujeres en dos. Todos en condiciones similares a las
que hemos tenido
en Sevilla.
A
una de las cárceles a que se refiere el punto anterior deben ir José
Ortín Martínez y Rogelio Vázquez Gómez; a otra Joaquín Calero
Arcones y Francisco Cela Seoane, y a la tercera de hombres Olegario
Sánchez Corrales. Josefina García Aramburu y Aurora Cayetano
Navarro deben ir una a cada una de las cárceles de
mujeres.
De
una vez y sin excepciones deben desaparecer la intervención de
comunicaciones orales y escritas.
Con
el fin de crear un clima propicio para el mantenimiento de estas
negociaciones, debe ser observada por ambas partes una tregua tácita,
que se convertirá en pública más adelante.
En
caso de que Kuadra tenga que desplazarse a Madrid para algún juicio,
lo será en "conducción especial", a la ida y a la vuelta,
con el fin de que su ausencia sea lo más breve posible y no
entorpezca el proceso de negociación.
Debemos
tener alguna forma rápida y efectiva de ponernos en contacto con la
otra parte en cualquier momento para resolver los problemas que se
puedan presentar.
No
se debe realizar ningún movimiento que afecte a las condiciones en
que se efectúan las negociaciones sin consulta y discusión previa
entre las partes. Esto afecta especialmente a los traslados y
condiciones de reclusión de presos.
Temario
a presentar a los "malasombra".
El
presente documento ha sido elaborado por un grupo de militantes del
Partido Comunista de España (reconstituido) y de los Grupos de
Resistencia Antifascista Primero
de Octubre y tiene por objeto servir de base para una posible
negociación política de nuestras dos Organizaciones con el Estado.
Ha
sido realizado a petición de dos representantes de la
Administración, y su aceptación, discusión y negociación deben
desembocar en la creación de las condiciones políticas que hagan
innecesario el recurso de la violencia armada. Para ello,
consideramos imprescindible un análisis conjunto de las causas que
originaron en su día la aparición de la guerrilla antifascista.
Los
acontecimientos que han llevado a la redacción de este documento
empezaron el 17 de abril último. A propuesta de un alto funcionario
del Gobierno y previo
traslado de tres militantes de nuestras Organizaciones (Kuadra
Etxeandia, Hierro Chomón y Brotóns Beneyto) a la cárcel de
Almería, se celebró allí una reunión entre ellos y dos personas
que decían representar al Estado.
En
esta reunión, y en otra que se produjo poco después en la cárcel
de Valdemoro, fue donde se concretó la petición del presente
temario de discusión.
Por
nuestra parte queremos dejar bien sentado que a lo largo de la
existencia de nuestras dos Organizaciones, tanto en la propaganda
como en los hechos, hemos dado muestras de no estar cerrados a una
solución negociada del recurso a la violencia en el enfrentamiento
político.
Esta
disposición al diálogo no está motivada por algún interés
particular o de grupo, sino por buscar en todo momento aquello que
resulte más beneficioso para la causa de los trabajadores y todo el
Movimiento de Resistencia del que formamos parte.
Al
mismo tiempo, debemos decir que no estamos dispuestos a aceptar esa
salida negociada a cualquier precio: deben eliminarse las causas que
impiden el desarrollo
pacífico
de un movimiento antifascista y antimonopolista, y que generan la
existencia de la organización guerrillera GRAPO.
Debe
desaparecer todo impedimento para que los comunistas, sin hacer
dejación de los principios recogidos en el Programa y Estatutos del
PCE(r), puedan proseguir su lucha por el socialismo, organizando y
dirigiendo a los obreros y al pueblo en todas las manifestaciones de
la lucha de clases.
Tema
1: las causas.
El
nacimiento de los GRAPO y su pervivencia por más de dos décadas
sólo puede explicarse por:
La
presencia constante en este tiempo de la violencia del Estado en
contra de toda oposición política real y organizada y en contra de
toda lucha obrera y popular.
La
respuesta igualmente violenta, en diversos grados y con los altibajos
normales en todo movimiento semiespontáneo, de las masas populares.
En
este clima, que refleja las vías no-pacíficas que toma en nuestro
país la lucha de clases, los GRAPO vienen a ser la punta de lanza de
un Movimiento de Resistencia Popular que viene forjándose desde
finales de los años 60 y que emergió con fuerza en lo más agudo de
la crisis del régimen fascista, en 1975.
La
desaparición de Franco fue un momento clave en la vida política
española. El gran capital y su Estado, sumidos en una profunda
crisis, optaron por cambiar algo para poder conservar intactos sus
privilegios, hacer frente a la crisis económica y proceder a
reforzar el aparato represivo estatal. Fue la llamada Reforma.
El
régimen integró a la izquierda reformista, que aportó una cierta
legitimidad y base social a la monarquía. Se pactó una amnistía,
parcial porque no incluyó a los militantes de los GRAPO. Al mismo
tiempo, desmontó el viejo aparato político franquista y lo fue
sustituyendo por las homologadas formas de las democracias europeas.
El
resultado final de la maniobra fue recogido en la constitución de
1978, que consagró la monarquía, el capitalismo, la opresión
nacional y al Ejército como último garante de todo ello.
Paralelamente,
el Estado modernizó y reforzó todo su aparato represivo sobre la
base del existente en tiempos de Franco: los viejos torturadores de
la Brigada Político-Social fueron ascendidos y reciclados,
conservando sus métodos, con el nombre de Brigada Central de
Información, los jueces del Tribunal de Orden Público pasaron a la
nueva Audiencia Nacional, las leyes de "Bandidaje y Terrorismo"
se llaman ahora "Leyes Antiterroristas" para, ya en 1986,
ser "subsumidas" en el Código Penal y la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
Todo
el desarrollo legislativo, empezando por la propia Constitución,
está plagado de "excepcionalidades" para mejor combatir al
Movimiento de Resistencia y está dominado por la tendencia a
restringir el marco de libertades formales y las conquistas que las
masas lograron imponer tras largos años de lucha antifascista.
Como
resumen podemos decir que:
Las
fuerzas progresistas y revolucionarias que nosotros representamos no
han podido en ningún momento realizar una actividad abierta y
efectiva entre los
obreros y el resto del pueblo.
Los
comunistas, antifascistas y patriotas han sido y son permanentemente
perseguidos, detenidos, torturados, encarcelados y asesinados por
defender y difundir sus Programas e ideas y por luchar intentando
llevarlos a la práctica. Hoy, los alrededor de 700 presos políticos
que hay en las cárceles españolas dan testimonio de esa situación
de opresión y lucha.
Los
derechos democráticos de expresión, asociación, manifestación y
huelga no son respetados. No se reconoce el derecho de los pueblos y
naciones a su autodeterminación.
Crecen
las penalidades de las masas, el paro y la miseria, se imposibilita a
la juventud el acceso al trabajo y se le abren puertas como la droga
y la delincuencia, se encarcela a los insumisos, sindicalistas,
ecologistas, periodistas y hasta a las mujeres que se ven en la
necesidad de abortar.
Cuando
la policía y las leyes no son suficientes para contener la
resistencia de las masas y sus organizaciones, se relanza la guerra
sucia, el crimen de Estado, la tortura y las desapariciones de
opositores políticos.
En
conclusión, la Transición no ha supuesto ningún cambio esencial
respecto del régimen de Franco, y no ha eliminado, sino que ha
agravado, las causas que originaron la respuesta violenta de la clase
obrera y el pueblo, de la que forma parte la lucha armada de los
GRAPO.
Consideramos,
por tanto, que debe ser el Estado quien dé los primeros pasos
encaminados a eliminar las causas que originaron la respuesta armada
popular, ofreciendo las correspondientes garantías políticas y
jurídicas de que van a respetarse los acuerdos a que hubiera lugar.
Esta
política de hechos es la que demostrará la voluntad de encontrar
una verdadera y justa solución al conflicto y la que hará
innecesaria la actividad de los GRAPO.
Tema
2: las garantías.
Derogación
de la legislación antiterrorista actualmente integrada en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, Código Penal y Ley de Seguridad Ciudadana.
Disolución
de la Audiencia Nacional como tribunal de excepción para la
represión política y continuadora del antiguo Tribunal de Orden
Público.
Declaración
pública del Gobierno reconociendo la responsabilidad directa del
Estado en la "guerra sucia".
Hasta
ahora sólo se ha aceptado, y de manera ambigua, que ésta ha sido
impulsada desde determinadas instituciones. Es necesario que se
reconozca que ha sido efectuada por el Estado, que ha sido una
política que ha contado con la complicidad de partidos parlamentarios y de todos los aparatos del Estado.
El
Gobierno debe desbloquear la investigación del caso GAL. Todos los
datos y "papeles" deben llegar a manos de los jueces con el
fin de que el asunto de la guerra sucia llegue a sus últimas
consecuencias judiciales y pueda hacerse público. Las masas deben
conocer lo que pasó.
Declaración
pública del Gobierno reconociendo que la tortura viene siendo
aplicada sistemáticamente por los aparatos policiales.
Depuración
de sus puestos de todos aquellos que han estado implicados de una u
otra forma en los casos de tortura. Todos los procesos pendientes por
esta causa
deben completarse sin recibir trabas por parte del Gobierno.
Desbloqueo
de la investigación de los procesos judiciales en todos los casos de corrupción, prevaricación y fraude cometidos al amparo de la
impunidad que
ha generado la guerra sucia y la llamada "cultura del pelotazo".
La
única garantía para prevenir las filtraciones interesadas y las
intoxicaciones de la opinión pública sobre el tema de estas
negociaciones es la de darles publicidad en el menor lapso de tiempo
posible. Una vez alcanzado por la actual mesa un acuerdo de principio
y antes de pasar a la segunda, con observadores imparciales y
expertos, puede ser el momento adecuado para dar publicidad a la
negociación.
Asimismo,
éste sería el momento en que el PCE(r), con su Programa y
Estatutos, pudiera iniciar en la práctica una actividad política
abierta, con acceso a los medios de comunicación.
Tema
3: liberación de los presos y reparaciones.
Todos
los presos del PCE(r) y de los GRAPO deben quedar en libertad en un
plazo de nueve meses a partir del inicio efectivo de las
negociaciones. Este inicio lo marcan la aceptación de este temario
como base de las negociaciones y la celebración de la primera
reunión en que se comience a discutir sus puntos, una vez cumplidas
las condiciones previas.
Durante
los tres primeros meses, tiempo que se calcula dure la primera mesa y
la llegada a un acuerdo de principio, deben salir de la cárcel:
Todos
aquéllos que quedarían en libertad en un plazo de 5 años con la
sola aplicación de la "redención ordinaria". Alcanza a 25
presos.
Un
grupo de 5 presos, propuesto por nosotros, en el que estarían
compañeros que llevan más de 15 años de cárcel y algunos de los
detenidos en los últimos años.
A
los seis meses de la salida del último de esta primera tanda, debe
salir el último de nuestros presos.
Se
deberá arbitrar un sistema de reparaciones a todos los presos, a
medida que vayan saliendo de la cárcel, por el daño que nos ha sido
infligido. El Estado deberá hacerse cargo de las indemnizaciones y
multas que nos han sido impuestas por sentencias judiciales.
A
los presos y expresos con graves enfermedades, originadas en su mayor
parte por las condiciones de reclusión a que nos han sometido, se
les debe asegurar atención médica gratuita e indemnizaciones
especiales.
Todas
las órdenes de "Busca y captura", nacionales e
internacionales, serán anuladas, en primer lugar las que pesan sobre
los dirigentes del PCE(r). Igualmente, se les devolverán los
archivos de propaganda secuestrados por la policía en todos estos
años.
Tema
4: cese de la violencia contra las masas.
Las
condiciones de vida de los trabajadores empeoran por las medidas
económicas y los recortes en las conquistas sociales. Los sucesivos
gobiernos del PSOE y del PP reprimen con dureza toda lucha contra el
paro y la miseria, lo que conduce a la radicalización del
enfrentamiento social.
Tiene
que cesar la represión y el acoso policial contra los trabajadores y
otros sectores populares cuando ejercen los derechos de reunión,
manifestación, huelga y expresión, ya que son únicamente unos
medios legítimos de defensa de su trabajo y de unas condiciones de
vida dignas.
Hay
que archivar los cientos de procesos abiertos por las causas antes
mencionadas contra jornaleros, obreros y sindicalistas, periodistas,
abortistas, insumisos, ecologistas, etc.
Apoyamos
y defendemos una solución política negociada y justa para el
problema de las nacionalidades.
Sevilla,
2 de septiembre de 1996.
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