DENUNCIAS:
El Pollo del Pinar tenía enchufe en la Audiencia Nacional
Eligio Hernández, alias "El Pollo del Pinar", fue magistrado, delegado del Gobierno en Canarias y fiscal general del Estado, entre otras muchas cosas. Actualmente es abogado en ejercicio.
Cuando los crímenes de los GAL llegaron a los tribunales, en 1992 el PSOE le nombró fiscal general para que intentara tapar la podredumbre de aquel asunto. Sólo hubo un "pequeño problema", el primero de dos "pequeños problemas" y es que para ser fiscal general del Estado son necesarios 15 años de ejercicio. "El Pollo del Pinar" no tenía ese currículo, así que su nombramiento era ileGAL.
Pero no fue sólo una ileGALidad cometida por el gobierno. Resulta que en abril de 1992 el Consejo General del Poder Judicial dijo que aquel nombramiento ileGAL era en realidad plenamente leGAL.
En este país, ¿a quién le importa la leGALidad? El caso es que la tarea del fiscal general del Estado es precisamente la de velar por el cumplimiento de la leGALidad, o sea, que pusieron al zorro a cuidar de las gallinas y también de los "Pollos". Aquí desde 1936 todo es ileGAL.
"El Pollo del Pinar" mantiene extraordinarias relaciones con la prensa colonial de las islas. En 2012 en una entrevista en el periódico La Provincia dijo que cuando fue delegado del Gobierno en Canarias se convirtió en el artífice del regreso de Antonio Cubillo desde Argel. Como buen protagonista de casi todo, en aquella entrevista “El Pollo” hablaba en primera persona: “Yo le pedí luz verde [a Barrionuevo] y me la dieron”.
No obstante, el delegado reconoció que hubo otro "pequeño problema judicial" que pudo solucionar gracias a sus enchufes en la Audiencia Nacional, donde había ejercido como magistrado:
“Me fui a Madrid y se lo pedí a Barrionuevo, que era ministro del Interior. Él, delante de mí, llamó al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, porque había una causa en el Juzgado de Instrucción número 1 central contra Cubillo, en la cual tenía decretada la prisión. Si venía, había que meterlo en la cárcel y eso había que evitarlo”. El fiscal se oponía a levantar la orden de prisión que había contra Cubillo, así que el delegado del Gobierno pidió permiso a Barrionuevo para operar por su cuenta: “Yo le pedí que me diera luz verde para tomar la iniciativa por mi cuenta. Y me la dio. Inmediatamente, crucé la calle Génova y me fui a ver al juez de instrucción del Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que había sido compañero mío. Él sacó el sumario, que estaba perdido en las estanterías... y me dijo que se le podía poner en libertad con una fianza de 300.000 pesetas”.
Luego la periodista le hace una pregunta clave: ¿Por qué era la causa que se seguía contra Cubillo en la Audiencia Nacional? "El Pollo" responde: “Por una de las bombas que pusieron. Estaba procesado por inductor, pero los autores materiales habían sido absueltos. No tenía sentido”.
Pues a Manuel Pérez Martínez le ha ocurrido lo mismo: está condenado a 17 años de cárcel como inductor de la colocación de unas bombas en las que tampoco aparecen los autores materiales.
¿No habrá algún lector que conozca a un delegado del gobierno con enchufe en la Audiencia Nacional para hacer lo mismo? A ser posible que rebaje la fianza de 300.000 pesetas a unos 2.000 euros, o así. Que se ponga en contacto con su abogado lo más rápidamente posible. Es un poco urgente porque el Tribunal Supremo no ha admitido el recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional que le condenó por lo mismo por lo que otros nunca llegaron ni a sentarse en el banquillo de los acusados.
Cuando los crímenes de los GAL llegaron a los tribunales, en 1992 el PSOE le nombró fiscal general para que intentara tapar la podredumbre de aquel asunto. Sólo hubo un "pequeño problema", el primero de dos "pequeños problemas" y es que para ser fiscal general del Estado son necesarios 15 años de ejercicio. "El Pollo del Pinar" no tenía ese currículo, así que su nombramiento era ileGAL.
Pero no fue sólo una ileGALidad cometida por el gobierno. Resulta que en abril de 1992 el Consejo General del Poder Judicial dijo que aquel nombramiento ileGAL era en realidad plenamente leGAL.
En este país, ¿a quién le importa la leGALidad? El caso es que la tarea del fiscal general del Estado es precisamente la de velar por el cumplimiento de la leGALidad, o sea, que pusieron al zorro a cuidar de las gallinas y también de los "Pollos". Aquí desde 1936 todo es ileGAL.
"El Pollo del Pinar" mantiene extraordinarias relaciones con la prensa colonial de las islas. En 2012 en una entrevista en el periódico La Provincia dijo que cuando fue delegado del Gobierno en Canarias se convirtió en el artífice del regreso de Antonio Cubillo desde Argel. Como buen protagonista de casi todo, en aquella entrevista “El Pollo” hablaba en primera persona: “Yo le pedí luz verde [a Barrionuevo] y me la dieron”.
No obstante, el delegado reconoció que hubo otro "pequeño problema judicial" que pudo solucionar gracias a sus enchufes en la Audiencia Nacional, donde había ejercido como magistrado:
“Me fui a Madrid y se lo pedí a Barrionuevo, que era ministro del Interior. Él, delante de mí, llamó al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, porque había una causa en el Juzgado de Instrucción número 1 central contra Cubillo, en la cual tenía decretada la prisión. Si venía, había que meterlo en la cárcel y eso había que evitarlo”. El fiscal se oponía a levantar la orden de prisión que había contra Cubillo, así que el delegado del Gobierno pidió permiso a Barrionuevo para operar por su cuenta: “Yo le pedí que me diera luz verde para tomar la iniciativa por mi cuenta. Y me la dio. Inmediatamente, crucé la calle Génova y me fui a ver al juez de instrucción del Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que había sido compañero mío. Él sacó el sumario, que estaba perdido en las estanterías... y me dijo que se le podía poner en libertad con una fianza de 300.000 pesetas”.
Luego la periodista le hace una pregunta clave: ¿Por qué era la causa que se seguía contra Cubillo en la Audiencia Nacional? "El Pollo" responde: “Por una de las bombas que pusieron. Estaba procesado por inductor, pero los autores materiales habían sido absueltos. No tenía sentido”.
Pues a Manuel Pérez Martínez le ha ocurrido lo mismo: está condenado a 17 años de cárcel como inductor de la colocación de unas bombas en las que tampoco aparecen los autores materiales.
¿No habrá algún lector que conozca a un delegado del gobierno con enchufe en la Audiencia Nacional para hacer lo mismo? A ser posible que rebaje la fianza de 300.000 pesetas a unos 2.000 euros, o así. Que se ponga en contacto con su abogado lo más rápidamente posible. Es un poco urgente porque el Tribunal Supremo no ha admitido el recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional que le condenó por lo mismo por lo que otros nunca llegaron ni a sentarse en el banquillo de los acusados.
Juan Manuel Olarieta Alberdi, abogado, escritor y represaliado político
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